La mayoría de los casos no fue denunciado ante la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca, en ocasiones por falta de confianza en las instituciones y en otras, por miedo a las agresores.

Juchitán.— Adriana fue asesinada el 12 de marzo de 2009. Su cuerpo terriblemente violentado fue localizado en un lote baldío del fraccionamiento La Riviera, en Juchitán. Por miedo, su familia no denunció, pero el crimen llevó a la comunidad muxe a marchar  por primera vez. Los crímenes de odio en la región del Istmo les unificó con un sólo fin, la justicia.

La indignación social y las manifestaciones obligaron al entonces procurador de Justicia del estado, Evencio Nicolás Martínez Ramírez, a reunirse con la comunidad muxe y con la familia de Adán Sánchez López. El funcionario se comprometió a realizar las investigaciones; 13 años han pasado sin justicia. 

El crimen ni siquiera se siguió por oficio, la carpeta de investigación de Adriana forma parte de los 30 casos de crímenes de odio  registrados en los últimos 15 años en el Istmo.

Amaranta Gómez Regalado, coordinadora del proyecto Transformándome, con el que documentó los 30 casos, recuerda que después de Adriana siguieron otros casos emblemáticos que sacudieron a la comunidad muxe.

Fue a partir de este crimen, explica, que se  tuvo conciencia como colectivo de la necesidad urgente de articularse  en torno al acceso a la justicia sin discriminación. Fue la primera acción que realizaron, aunque no se logró avanzar en las investigaciones ni se obtuvo justicia.

Miedo a los encargados de la justicia

De los 30 crímenes de odio documentados en el proyecto Transformándome, financiado por la Fundación Arcus, la mayoría no fue denunciado ante la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca (PGJO), hoy Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO).

En ocasiones por falta de confianza en la institución y en otras, por miedo a los agresores, como en el caso de Adriana, que se caracterizó por una serie de actitudes discriminatorias en la extinta procuraduría.

“Siempre hemos estado en la lucha, hemos llegado a los altos niveles. Para acceder a la justicia en estos casos hemos detectado barreras como la autoridad que no nos escucha y cuando lo hace, la familia teme. 

“Para nosotros es importante el caso de Adriana porque nos escucharon, pero no se supo proceder más. Fue la primera vez que una autoridad judicial acude a escucharnos, no hubo justicia, pero nos vieron; el activismo se logró escuchar”, argumenta la activista, defensora de los derechos LGBTTTIQ+ desde hace 20 años.

El segundo caso emblemático que lograron posicionar  a nivel internacional, gracias a la organización y a la fuerza del activismo muxe, fue el asesinato de Óscar Cazorla,  el 9 de febrero del 2019, en Juchitán, al grado de que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas  para los Derechos Humanos (ONU-DH) se pronunció para condenar el hecho. Además, se giraron medidas cautelares a integrantes de la comunidad muxe y testigos del caso y se establecieron mesas de trabajo para atender las exigencias de justicia.

Marimar reactivó la lucha

El último caso, el de Marimar (Edgardo Santiago López), profesor de Huilotepec asesinado el 27 de agosto en Salina Cruz, volvió a reagrupar a las organizaciones de la comunidad en el Istmo de Tehuantepec.

A raíz del caso emitieron un comunicado para exigir que el  titular de la  FGEO, Arturo Peimbert, escuchara  sus exigencias de justicia, además de atender de manera directa a la familia de Marimar. De esta manera, la  comunidad de activistas se convirtió en el enlace de la familia con la institución de justicia. 

En este caso, la familia sí demandó, por lo que es de los pocos casos de crímenes de odio en esta región que cuentan con una carpeta de investigación. 

También hubo pronunciamientos de organismos federales, como el del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

“A mayor visibilidad del activismo, más nos escuchan, pero eso no es garantía de que en realidad la justicia se aplique. Estamos en estos momentos, tanto las instancias judiciales gubernamentales como la comunidad muxe, en un proceso pedagógico de aprendizaje. 

“Para nosotros el caso de Marimar es importante porque hemos logrado como comunidad que el máximo órgano de justicia en la región y el estado se siente cara a cara con la familia de una hermana muxe asesinada, para atenderla”, explica Amaranta Gómez Regalado.