El gobernador Mauricio Vila Dosal envió un paquete de iniciativas al Congreso del Estado para sentar las bases de lo que será el crecimiento de Yucatán y mantener los índices de seguridad que caracterizan a la entidad.

En la propuesta de Vila Dosal se busca mantener los índices de seguridad garantizando el presupuesto suficiente para la Policía yucateca, una Fiscalía autónoma que tenga sus herramientas para garantizar el acceso a la justicia a los yucatecos y continuar impulsando leyes a favor de las mujeres, indica un comunicado.

Actualmente la Fiscalía General del Estado depende del Poder Ejecutivo, por lo que la iniciativa para modificar la Constitución estatal en materia de autonomía la blindaría de los vaivenes políticos, al fortalecer su independencia y permitiendo que cumpla funciones vitales como son la investigación y persecución de los delitos, se expuso.

“Gracias a estas modificaciones, la institución consolidará su autonomía jurídica, patrimonial, técnica, operativa y presupuestal. Las adecuaciones abonarán a la eficiencia fomentando un sistema de procuración de justicia garantista en Yucatán combatiendo de esta manera la impunidad”.

La protección de los derechos de las mujeres es uno de los ejes primarios en la agenda del gobernador.

Por ello, se envió al Congreso local una iniciativa para expedir la Ley que Regula a las Instancias Municipales de las Mujeres, así como modificar la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, en materia de igualdad entre mujeres y hombres y de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.

Este proyecto de ley establece que los ayuntamientos deberán contar con instancias municipales de las mujeres.

Así se combatiría la desventaja que tienen respecto a los hombres, por la falta de oportunidades y discriminación, pero también por la generación de estereotipos con los que es necesario romper, mediante los cuales se asignan roles de género que merman la justicia social.

De manera paralela, la seguridad de los yucatecos es un bien preciado que se debe seguir cuidando, por lo que se propuso reformar la ley para combatir el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita creando la Agencia de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado.

La iniciativa considera que este nuevo organismo público y autónomo funcione para la detección de operaciones de lavado de dinero mediante la obtención, tratamiento, análisis y administración de la información fiscal, económica, financiera y patrimonial.

El gobernador también propuso modificar el Código de la Administración Pública de Yucatán sobre los organismos públicos descentralizados con objeto de eliminar el requisito de “mexicano por nacimiento” para los titulares de los organismos públicos descentralizados, ya que se considera una distinción discriminatoria para el acceso a esos empleos públicos.

Se envió una iniciativa para regular y dotar de certeza jurídica el tema de las licencias en las ausencias temporales, así como separaciones del cargo del titular del Poder Ejecutivo.

Lo anterior tiene como finalidad obtener una redacción que no genere incertidumbre y subsanar las deficiencias existentes en la Constitución local y las restricciones en el ejercicio de derechos político-electorales.